San Juan, PR – Ante el reciente anuncio de la gobernadora Jenniffer González sobre la concesión de la Semana Santa con cargo a vacaciones para los empleados públicos, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), Concilio 95 AFSCME, sostiene su reiterada posición en contra de tipo de medidas, al tiempo que exige mecanismos claros que garanticen el carácter voluntario de la misma y eviten pérdidas económicas a los trabajadores.
A través de todos estos años, SPUPR, C95 ha sido enfático en señalar que las vacaciones acumuladas por los empleados públicos constituyen un derecho adquirido, no una disposición del patrono para ser utilizada de manera unilateral. Si bien en esta ocasión la Gobernadora ha indicado que la medida es voluntaria, SPU advierte que, de no mediar instrucciones precisas a los jefes de agencia, la decisión podría derivar en una violación de derechos y pérdida económica para aquellos empleados que, por diversas razones, no puedan o no deseen utilizar sus días de vacaciones durante la Semana Santa.
“No podemos permitir que un cierre voluntario termine siendo una imposición en la práctica. La gobernadora dice que es voluntario, pero la experiencia nos ha enseñado que, sin directrices claras, muchos jefes de agencias y supervisores no establecen los mecanismos para que quienes quieran trabajar puedan hacerlo. Por eso estamos exigiendo que se emitan instrucciones específicas a todos los jefes de agencia para que elaboren un plan que garantice que los centros de trabajo permanezcan abiertos y operando, permitiendo que los empleados que así lo prefieran puedan laborar sin tener que sacrificar sus días de vacación ni su salario”, expresó Jessica Martínez Santos, Presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.
SPUPR enfatizó que la flexibilidad laboral, como el trabajo remoto o el establecimiento de acomodos voluntarios, ajustes de horarios deben ser parte de las alternativas que los jefes de agencia deben ofrecer para garantizar que ningún empleado se vea perjudicado.
“Si el gobierno realmente respeta el carácter voluntario de esta medida, debe emitir una directriz escrita a todos los secretarios y directores de agencia, ordenándoles que establezcan un plan operacional claro que permita a los empleados que no deseen acogerse a este receso trabajar con normalidad, sin que esto implique un descuento en su nómina o la pérdida de sus días de vacaciones acumulados. De lo contrario, estaremos ante una nueva imposición disfrazada”, añadió Martínez Santos.
24 de marzo de 2026