Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico pide al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que utilice fondos discrecionales del Plan de Rescate Americano para recompensar a los(as) miembros que representa y que han estado dando servicio ininterrumpido en todo el proceso de la pandemia del COVID-19 hasta el presente.
El Síndico Administrador de SPU-AFSCME, Benjamin Borges, en carta enviada al gobernador Pierluisi en la mañana del jueves 18 de marzo, le señala que: “El recién aprobado Plan Americano para la Recuperación, asigna miles de millones de dólares cuyo uso incluye pagos de compensación por riesgo de hasta $25,000 para ciertos grupos de trabajadores(as)”. Señala además que dicho plan de recuperación presenta grandes oportunidades para Puerto Rico, tanto en términos sanitarios de la lucha contra el virus como en términos de recuperación económica. “También es una oportunidad para hacerle justicia a los(as) servidores públicos que han arriesgado su salud y su vida durante la emergencia del COVID-19” continúo diciendo el líder sindical.
“Durante la pasada administración miles de trabajadores, incluyendo los encargados de proteger a los menores y envejecientes contra el maltrato, los que hicieron posible la distribución de los fondos de asistencia nutricional, los vigilantes de recursos naturales, inspectores del DACO y otros, arriesgaron su salud desde el primer día y se les negó la compensación por riesgo” añadió.
Servidores Públicos Unidos/Concilio 95/AFSCME representa sobre 13,000 servidores públicos en 14 unidades apropiadas en el gobierno central, en agencias como el Departamento de la Familia, el Departamento de Corrección (Adultos, Juveniles, Servicios con Antelación al Juicio) DACO, Ciencias Forenses, Transportación y Obras Públicas, Recursos Naturales, Rehabilitación Vocacional, Seguridad en el Transporte, Educación y Junta de Libertad Bajo Palabra. Representan además un capitulo de retirados(as) con cerca de 2, 300 afiliados(as).
“Por este medio, le estamos solicitando que les haga justicia a los miles de empleados(as) públicos que se han mantenido trabajando presencialmente desde los primeros días de la emergencia y que nunca han sido reconocidos(as) y menos aún compensados(as) por sus riesgos”, concluyó Benjamin Borges.