Ante la reciente y alarmante orden ejecutiva firmada por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que busca desmantelar el Departamento de Educación Federal, alzamos nuestra voz con firmeza y determinación para rechazar categóricamente esta medida regresiva y destructiva. Esta acción no solo representa un ataque directo a la educación pública, sino que también es un intento descarado de socavar el derecho fundamental de todos los estudiantes a una educación equitativa, inclusiva y de calidad. No nos quedaremos callados ante esta embestida.
La orden ejecutiva, disfrazada de una supuesta devolución de autoridad a los estados, es en realidad una estrategia calculada para despojar a las comunidades más vulnerables de los recursos y protecciones que necesitan para prosperar. Aunque se afirma que no se afectará la financiación para estudiantes con discapacidades, escuelas de bajos ingresos y préstamos estudiantiles, la eliminación de programas que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión es una clara señal de que esta administración está dispuesta a sacrificar el futuro de millones de estudiantes en beneficio de intereses privados. ¡Esto es inaceptable!
En Puerto Rico, las consecuencias de esta medida serían catastróficas. El desmantelamiento del Departamento de Educación Federal pondría en riesgo el mantenimiento de nuestras escuelas, la transportación escolar y la continuidad de programas educativos esenciales. Las comunidades más pobres, que ya enfrentan enormes desafíos, serían las más perjudicadas, viendo limitado su acceso a una educación digna. Esto no es más que un paso hacia la privatización del sistema educativo, un sistema que debe ser público, gratuito y al servicio de todos, no de unos pocos.
Esta orden no tiene nada que ver con mejorar la educación. Es un ataque directo a los estudiantes, a los trabajadores de la educación y a las familias trabajadoras que dependen de una educación pública sólida y bien financiada. Salones con sobrecupo, instalaciones en malas condiciones y una escasez crítica de personal son solo algunas de las consecuencias que ya estamos viendo y que se agravarían con esta medida. Además, los estudiantes universitarios y aquellos que dependen de préstamos federales se verían aún más afectados, enfrentando mayores obstáculos para acceder a la ayuda financiera que necesitan.
No nos engañemos: esta orden ejecutiva es parte de un plan más amplio para desmantelar la educación pública y convertirla en un negocio lucrativo para unos pocos privilegiados. No podemos permitir que los intereses de unos cuantos multimillonarios prevalezcan sobre el derecho a la educación de millones de personas. ¡La educación no es una mercancía, es un derecho humano fundamental!
Por eso, hoy más que nunca, llamamos a la resistencia y a la lucha organizada. Debemos unirnos como comunidad educativa, como sindicatos, como familias y como sociedad para defender la educación pública con todas nuestras fuerzas. No permitiremos que se nos arrebate el futuro de nuestros niños y jóvenes. Exigimos a nuestros representantes políticos que tomen una postura firme y defiendan sin temor el derecho a una educación de calidad para todos.
¡La educación pública no se vende, se defiende! ¡No nos callaremos, no nos rendiremos, y no permitiremos que destruyan lo que tanto nos ha costado construir! La lucha por la educación es la lucha por el futuro, y estamos dispuestos a darla hasta el final.
¡Unidos y organizados, venceremos!
Jessica Martínez Santos
Presidenta
21 de marzo de 2025