San Juan, Puerto Rico – La decisión anunciada hoy por la gobernadora Jenniffer González de imponer el uso de días de vacaciones para cerrar el Gobierno durante la Semana Santa (13 al 19 de abril) ha generado indignación y preocupación entre cientos de empleados públicos organizados en Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME ya que, por diversas razones, muchos de ellos no pueden permitirse perder salario ni ver afectados sus planes vacacionales previamente establecidos con sus familias.
“El querer imponer estas vacaciones forzadas es un acto injusto para muchos trabajadores. No se vale justificar como un «beneficio espiritual y de ahorro operacional», mientras se omite reconocer la realidad de cientos de trabajadores. Hay empleados con balances vacacionales insuficientes, que podrían enfrentar descuentos significativos en sus nóminas, agravando su situación económica. Hay familias que ya invirtieron en viajes o compromisos bajo el entendido de que la Semana Santa no era un receso obligatorio, ahora obligados a cancelar o perder dinero. También hay empleados que no celebran la Semana Santa y no les interesa que los penalicen con su tiempo acumulado” sentenció Jessica Martínez Santos, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.
Martínez enfatizó que no se debe forzar a los empleados a sacrificar sus vacaciones o su salario por una medida unilateral. “Es por esto que le pedimos a la Gobernadora que derogue esta imposición del uso obligatorio de vacaciones para este fin y establezca acomodos voluntarios sin penalización y/o que los de sin cargo a ninguna licencia. “Se puede manejar a través de trabajo remoto, ajuste de horarios y otros para quienes no deseen o no puedan tomar la semana libre. También tiene la opción de no cargar dichos días a ninguna licencia” finalizó la líder sindical.
3 de abril de 2025