San Juan, Puerto Rico – La Alianza Correccional Unida (ACU), Local 3500 de Servidores Públicos Unidos (SPUPR), en conjunto con las Locales 3647 de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y 3573 del Programa de Servicios con Antelación al Juicio, anunciaron hoy la celebración de una marcha sindical el próximo miércoles, 5 de noviembre con el propósito de exigir el cumplimiento de los aumentos salariales legislados pero no honrados por el Gobierno.
La manifestación iniciará a las 9:00 a.m. frente al Capitolio en donde se darán unos mensajes a la matrícula, marchando posteriormente hasta La Fortaleza.
Los oficiales correccionales, representados por ACU, mantienen entre sus principales reclamos la implementación del aumento salarial de $746.67 mensuales legislado y convertido en ley desde hace tres años, pero que no ha sido puesto en vigor. Además, solicitan el pago de la deuda correspondiente a los uniformes pendientes desde el año 2022, la compensación por horas extraordinarias laboradas y no remuneradas, así como la eliminación del «banco estatal», una práctica que perjudica a los oficiales.
La Presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez Santos, manifestó: «La ACU ha mantenido una posición consistente en todas sus manifestaciones. Este aumento salarial fue legislado y aún sigue sin pagarse, y nosotros no cesaremos en esta lucha hasta alcanzar la justicia salarial que merecemos los oficiales correccionales. Este aumento constituye un derecho adquirido para dignificar nuestra labor y garantizar el bienestar de nuestras familias y no lo cederemos».
Asimismo, Martínez añadió que: » Hoy como todos los miércoles, nuevamente nos ponemos la camiseta naranja, lo que representa un símbolo de alerta. Alertamos a la ciudadanía sobre la situación de inequidad que enfrentamos, y notificamos formalmente a la Administración de Corrección y al Gobierno que nos mantendremos firmes en nuestros reclamos de justicia, hasta que se respeten los derechos de los oficiales correccionales y de los hermanos Vigilantes del DRNA y de los agentes del Programa de Servicios con Antelación al Juicio».
Por su parte, los miembros de la Local 3647 de Vigilantes del DRNA exigieron la implementación de la Ley 156, que establece un aumento salarial de $300 mensuales para todos los vigilantes del DRNA. Su reclamo, al igual que el de la ACU, se centra en leyes aprobadas que garantizaban un aumento salarial específico, pero que no se ha hecho efectivo.
Los representantes de los Vigilantes fueron enfáticos al señalar que «los miembros de la Local 3647 jamás renunciarán a sus derechos, y mucho menos a su merecido aumento salarial que les corresponde por disposición legal. Ya es hora de que cumplan. »
La movilización del 5 de noviembre representará, según el liderato de las uniones participantes, un claro recordatorio a este Gobierno de que las leyes se cumplen y que los derechos y la dignidad de los que protegen y sirven a este país se respetan. “ Unidos venceremos”, finalizaron.
30 de octubre de 2025