Frustración y coraje extremo por la inacción institucional que convierte los casos de remoción en una pesadilla administrativa y humanitaria.
San Juan, Puerto Rico– Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME, unión que representa a los trabajadores del Departamento de la Familia declaró hoy que el Departamento de la Familia está sumergido en una crisis de falta de personal y de exceso de trabajo sin precedentes, lo que está causando frustración, coraje y agotamiento moral, físico y emocional en los trabajadores. Y esta situación se hace más evidente en el aumento en los casos de remoción de menores, que no solo son una pesadilla administrativa sino humanitaria.
“Ya no es sólo una escasez de personal y de herramientas de trabajo. Es un colapso administrativo. La Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) tiene una gran falta de trabajadores sociales lo que está forzando una sobrecarga insostenible y peligrosa sobre las oficinas locales. Pero lo que es peor, el Departamento no está preparado para cuidar adecuadamente a los menores y familias removidas del ambiente de abuso en el que vivían. Ejemplo de esto es tener a los niños o a las familias en las mismas oficinas de trabajo, en cuartos de confinamiento donde el ambiente no es el adecuado, no son lugares idóneos para atender con la delicadeza, privacidad y humanidad que requieren los menores y sus familias en su momento más vulnerable. Por otro lado, la responsabilidad que se le da al empleado va más allá de su capacidad laboral y me explico, si no hay dinero en la local para comprar comida o algún artículo de necesidad para el menor o esa familia, el empleado tiene que ponerlo de su dinero y luego buscar rembolso que puede tardar varias semanas, y muchas veces no se tiene la capacidad económica por los bajos salarios que hay en la agencia. La situación se agudiza”, expresó Jessica Martínez, presidenta de SPUPR, Concilio 95 AFSCME
Martínez resaltó los problemas que enfrentan los trabajadores sociales actualmente:
1. Falta de personal y poca capacidad para retener personal.
2. Sobrecarga de trabajo lo que pone en riesgo tanto al personal como a las familias afectadas.
3. Bajos salarios y malas condiciones laborales para un personal de primera respuesta que hace de tripas corazones.
4. Recortes en servicios críticos que eliminan herramientas esenciales como: eliminación de celulares laborales, exigencia de uso del carro personal ante la falta de vehículos oficiales y choferes para la transportación de menores y familias, servicio de amas de llaves, intérpretes de idiomas y señas, entre otros.
5. Falta de colaboración Interagencial.
6. El Departamento de la Familia minimiza la crisis y miente al certificar contar con recursos para administrar programas y acceder a fondos federales
Por su parte, Fernando Ballester, Presidente de la Local 3234, UPETEC, que representa a los Trabajadores Sociales expuso que “el Departamento de la Familia ha olvidado por años que sus empleados son la pieza más importante en el burocrático sistema administrativo e investigativo. Si el Departamento exige profesionalismo y responsabilidad, debe dar el ejemplo con su fuerza laboral brindando un ambiente de trabajo que fomente la retención, el incentivo laboral e invite al reclutamiento continuo”.
La unión exigió un basta ya a este abuso y que se cumplan con las siguientes acciones inmediatas y concretas:
1. Un salario justo acorde a la alta responsabilidad y a los riesgos de la profesión
2. Condiciones laborales dignas.
3. Reclutamiento transparente y competente.
4. Restablecimiento inmediato de todos los servicios y contratos recortados.
5. Auditoría independiente de carga laboral y redistribución real de casos.
6. Personal especializado para leyes de protección
7. Colaboración real con agencias y el tribunal.
8. Alianzas universitarias con compromiso de contratación.
“El gobierno y el Departamento de la Familia no enfrentan una falta de vocación en su personal, sino a su propia incapacidad estructural. La inacción es complicidad. Cada día que pasa sin soluciones reales, la administración pone en mayor riesgo a los menores y familias más vulnerables en Puerto Rico y agota irreversiblemente la resiliencia de un personal heroico que, a pesar de todo, sigue en pie de lucha por los mea vulnerables. Al gobierno le decimos: no olviden que estos trabajadores son la primera línea de protección social y merecen ser tratados como tal”, finalizó la líder sindical.
4 de febrero de 2026