Cada niño que se pierde en el laberinto burocrático del Departamento de la Familia representa una derrota para todos, opina Jessica Martínez
18 de febrero de 2026 – 9:15 PM
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Cada niño que se pierde en el laberinto burocrático del Departamento de la Familia representa una derrota para todos, opine Jessica Martínez
Me siento a escribir estas líneas con el pecho comprimido por el peso de historias desgarradoras que impactan a Puerto Rico. Es un peso compartido. Lo sufren principalmente, entre frustraciones y las lágrimas, cientos de trabajadores sociales y empleados del Departamento de la Familia, a quienes represento sindicalmente. Ellos son mis ojos y oídos en el frente de batalla laboral. Lo que relatan, semana tras semana, es la crónica de un colapso anunciado.
Viven una crisis propiciada por años de desatención, recortes progresivos y promesas incumplidas en el Departamento de la Familia. A todo se suma una fatiga institucional que mina los cimientos de esa agencia. Lo sé porque llevo tiempo escuchando historias, cada vez más urgentes y consternadoras. La indignación de hoy está templada por la tristeza de ver cómo un problema denunciado constantemente se ha convertido en una emergencia nacional. Pero, no hablamos de situaciones administrativas, sino de una crisis humanitaria que golpea a poblaciones crecientes donde los niños y otras personas vulnerables están en riesgo elevado.
Cuando se realizan remociones de menores, que es el acto más delicado y traumático imaginable, porque estás arrancando a un niño de su hogar para procurar su seguridad, la situación se complica si no tienes un lugar digno donde llevarlos. Se trata de circunstancias preocupantes.
Una oficina del Departamento de la Familia no es un sitio adecuado para un menor que viene de vivir una situación traumática. Una oficina que se convierte en un refugio, con unos pasillos que transforman en patios, no representan la protección adecuada ni el ambiente cálido que necesitan los menores. Se trata, en síntesis, de una nueva forma de violencia institucional.
Lo que más me alarma, como representante sindical y ciudadana, es la normalización del sufrimiento. El personal del Departamento de la Familia ha ha desarrollado una resiliencia heroica. Son empleados públicos que hacen “de tripas corazón”. Y lo hacen hasta que su corazón se les quiebra.
La sobrecarga de trabajo es extrema. Los salarios son bajos para la gran labor y responsabilidad que tienen. Sin embargo, no cuentan con las herramientas de trabajo necesarias. Ni teléfono celular, ni vehículos oficiales, ni amas de llave, ni choferes.
Todo llega al extremo de que si no hay dinero en la local para comprar comida, leche o pañales para un bebé, el empleado saca de su cartera, de su mísero salario para cubrir esas necesidades. Muchas veces debe aplazar necesidades propias y de su familia por el bienestar de esos menores o mujeres y ancianos en necesidad.
Ante esta realidad lacerante, la respuesta institucional ha sido, con frecuencia, minimizar, ocultar o mentir.
La agencia certifica que hay recursos cuando no los hay. Se pide más sacrificio a quienes ya lo han dado todo. Esta desconexión entre el escritorio donde se toman las decisiones y las oficinas donde se vive el drama es, quizás, el mayor fracaso.
Nuestras exigencias —salario justo, condiciones dignas, servicios restaurados— no nacen de caprichos. Son parte del plan de estabilización que esta situación tan grave requiere. Son lo mínimo para que un trabajador social o técnico de servicio a las familias pueda hacer su trabajo sin tener que convertirse en un mártir. Son, además, reclamos para que un infante removido de su hogar reciba cuidado adecuado, no solo custodia. Son solicitudes claras para que una familia en crisis encuentre apoyo, no otro callejón sin salida.
Mi preocupación es la preocupación profunda de cientos de trabajadores sociales y otros empleados. Es imperioso que se entienda y trascienda lo laboral.
En el caso de los menores, cuando un sistema diseñado para ser el último refugio para una niña o un niño en peligro les falla, estamos fallando como sociedad. Cada niño que se pierde en este laberinto burocrático, cada trabajador que se rinde por agotamiento, representa una derrota para todos.
No podemos esperar a que ocurra una tragedia mayor para actuar. El tiempo de los diagnósticos y más mesas o comités de trabajo se acabó. Urge ver la realidad que los empleados del Departamento de la Familia ven todos los días. La solución comienza con el simple acto de escuchar. Y luego, actuar con la urgencia que esta crisis amerita.
Basta ya de normalizar lo inaceptable.