Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Local 3559, que representa a los empleados civiles del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) denunció hoy que esta administración del Departamento de Corrección cerró injustificadamente y en clara violación con el Tribunal de Menores, la Oficina creada por acuerdo entre las partes para atender los asuntos de planta física en las Instituciones y de esta forma poder cumplir con los requisitos del monitor federal.
Esta acción fue tomada arbitrariamente por el gerente de proyectos del NIJ, Sr. Nelson del Valle Betancourt con pleno conocimiento de su Supervisor, Sr. Ulrich Giménez, Secretario Auxiliar en Administración y Gerencia. Acción que ha implicado el desmembramiento de la unidad de trabajo de esta oficina, personas que fueron capacitadas y certificadas para realizar esta función causando traslados onerosos y arbitrarios en violación al convenio colectivo.
“Nosotros como representantes de la unión intentamos reunirnos con el señor Nelson del Valle pero éste canceló al último minuto la reunión. Así mismo se le envió comunicación sobre nuestras preocupaciones y planteamientos pero este no ha contestado. También se le envió informe a la Secretaria de la Agencia, Annie Escobar y tampoco hemos recibido respuesta alguna. Nosotros hacemos un llamado público a la Secretaria a tomar acción inmediata y a revertir esta acción de cierre de dicha oficina. La agencia no tiene la facultad de hacer dicho cierre ya que el único con esa prerrogativa sería el monitor federal y se están arriesgando a multas y sanciones” explicó Evelyn de Jesús, presidenta de la Local 3559 de SPUPR, a la vez que abogó para que la agencia deje ese patrón de hacer traslados onerosos e injustificados.
De Jesús planteó además que esta brigada especial que estaba compuesta por 9 empleados, comenzó a recibir un patrón de ataque laboral de parte de su supervisor. “No se les quería pagar horas extras, a pesar de que sus funciones fueran en instituciones lejanas. Un ejemplo: si tenían que arreglar algo en Ponce, ellos tenían que salir de San Juan una vez el transporte estuviese listo. Ya en la Institución comenzaban a realizar el trabajo, si ya tenían que partir para poder llegar a tiempo a San Juan, tenían que dejar el trabajo a mitad, ya que tenían que llegar a tiempo para no acumular horas extras, ya que aunque tuvieran derecho a las mismas no se les iba a pagar. Algo inaudito y de poco sentido común.”
También señaló que el ambiente laboral y la sana convivencia en esta agencia se está lacerando con las acciones de los supervisores en contra del personal. “Lamentablemente los supervisores están demostrando tener un patrón de ataque laboral y discriminación contra los empleados del Negociado de Instituciones Juveniles. Estamos observando un aumento en los traslados onerosos y caprichosos, investigaciones selectivas, menosprecio hacia los trabajadores y trato cruel e injustificado. Esto no lo vamos a permitir y tomaremos todas las medidas necesarias para denunciar y detener esta situación que afecta el ambiente laboral, la sana convivencia y el diario vivir de los trabajadores, ” finalizó.
Por su parte, Benjamín Borges, síndico de SPUPR señaló que: “En el Concilio 95 y la Unión Internacional AFSCME vamos a estar bien pendientes de esta situación. Las condiciones de trabajo de nuestros miembros dondequiera que trabajen son un asunto prioritario para nosotros. Además queremos alertar que si la intención es contratar una compañía privada para que haga las funciones que ahora realizan nuestros unionados, el resultado pudiera ser un mayor costo y beneficios para empresarios en lugar de beneficios para los menores que atiende el Negociado.”