Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Local 3234 que representa a los Profesionales, Especialistas, Técnicos y Empleados de Carrera del Departamento de la Familia (SPU-UPETEC) depuso hoy en la Legislatura para dar un cuadro real del funcionamiento del Departamento de la Familia en relación a los casos de maltrato a menores. La unión dejó claramente establecido que no se puede criminalizar a los trabajadores sociales de los lamentables sucesos recientes de violencia contra menores cuando el problema recae en la complejidad e ineficiencia gubernamental, la falta de recursos humanos y económicos, la falta de priorizar en la lucha a favor de la seguridad social y la protección de los más vulnerables.
“Durante años, nuestra Local sindical, apoyada por Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR) Concilio 95 y nuestra Internacional la American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME), hemos denunciado públicamente y ante la Legislatura que la austeridad que predicaba el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal tendría un efecto devastador en Puerto Rico afectando la prestación de servicios esenciales y las condiciones de trabajo del personal que labora en el Departamento de la Familia. El tiempo ha sido fiel testigo de que no nos equivocamos. Estas políticas han provocado toda clase de recortes para adelgazar el gobierno, se han privatizado servicios, se han subido contribuciones, se ha reducido la plantilla laboral. El impacto ha sido en todas las áreas: despidos masivos, salarios de miseria, desmoralización de la fuerza laboral y condiciones de trabajo paupérrimas. Afectándose la prestación de servicios en medio de la emergencia de salud mental y violencia que vive el país.” señaló Solimar Hernández, presidenta de UPETEC, Local 3234 SPUPR.
Hernández explicó que para erradicar, las manifestaciones de violencia y maltrato es necesario que el Gobierno, desarrolle una política pública sensible pero enérgica. Que es necesario crear nuevas alianzas, compromisos de prevención entre todos los sectores y una coordinación estrecha con agencias como el Departamento de Salud, AMSSCA, Departamento de Educación, Policía de Puerto Rico, Rama Judicial, OATRH, entre otros recursos, ya que la falta de recursos es una manifestación de violencia estructural. “Terminar con el maltrato de menores es una responsabilidad de país. Hoy día, persisten los mismos problemas sociales de casi 30 años atrás. Tenemos una de las agencias más complejas del Gobierno de Puerto Rico, con más de una veintena de programas dirigidos a fortalecer la familia y un presupuesto de cuatro (4) mil millones de dólares. La pregunta obligada es ¿por qué parece no funcionar?”, cuestionó.
La líder sindical explicó que en el Departamento actualmente hay sólo 890 trabajadores sociales, 337 técnicos de servicios sociales, 124 choferes, y otro ciento de asistentes de servicio, además, cuenta con cerca de 600 hogares temporeros certificados. El Departamento tiene bajo su custodia cerca de 3,000 menores, pero sirve a sobre 15,000 menores anualmente y sobre 9,000 familias. Los trabajadores sociales realizan visitas que fluctúan entre 24,000 y 26,000 mensualmente, visitas que incluyen residencias, hogares de cuido sustituto, hospitales, visitas médicas. Además, de las entrevistas se requiere el registro e informes en cada caso “El número de trabajadores se ha reducido continua y consistentemente durante los pasados 10 años y la carga de trabajo ha incrementado exponencialmente.” denunció.
Resaltó que el sentir general del personal del Departamento de la Familia, es de fatiga y desmotivación. Los empleados están sobrecargados de trabajo, se sienten no escuchados, molestos, despreciados, cansados y decepcionados. El trabajador social que recluta el Departamento de la Familia, es un personal profesional licenciado y perito con múltiples competencias.
“El Departamento ha confrontado dificultades por los pasados años para reclutar a estos profesionales ya que el Departamento no resulta atractivo por los bajos salarios y las condiciones de trabajo a las que los exponen. Muchos de estos trabajadores sociales trabajan en unidades que laboran 24/7, en condiciones extraordinarias, de alto riesgo físico y fatiga emocional. Nuestros trabajadores sociales laboran con un mínimo de protección y escasos recursos, sin adiestramientos en defensa personal, ni los recursos para protegerse. Han sido víctimas de tiroteos, apuñalamientos, entre otras agresiones físicas, además, amenazas contra ellos, sus familias y propiedades, trabajando en lugares de riesgo inminente y alta criminalidad, edificios deteriorados con daños en estructuras, pestilencias y expuestos a enfermedades contagiosas. En la mayoría de las ocasiones asumiendo la responsabilidad de proveer alimento, ropa y medicamentos a menores que se encuentran bajo la protección del Estado.” relató.
Entre las recomendaciones que dio la unión se destacan las siguientes:
-A través del Proyecto de la cámara núm. 01 se debe definir a los servicios que ofrece el Departamento de la Familia como esenciales declarándola como la Agencia de Seguridad, Bienestar y Protección Social en la Isla.
-Apruebe el Proyecto de la Cámara Núm. 972 para incluir a los Trabajadores Sociales del Departamento de la Familia en la definición de Servidores Públicos de Alto Riesgo.
-Asegurar mediante legislación la asignación de fondos necesarios para la operación de la agencia para garantizar y allegar los recursos necesarios para proveer los servicios de protección, seguridad y bienestar de los niños, ancianos y demás grupos vulnerables a los que sirve el Departamento.
-Aplicación de mejores practices de los estados en la implementación de la Ley de Family First,
-Se requiere legislación que facilite el proceso de cumplimiento de certificaciones incluyendo los nuevos requisitos de la Ley de Family First, para que sea uno expedito para promover un aumento en hogares de crianza, especializados y terapéuticos.
-Crear y actualizar manuales de normas y procedimientos, estableciendo parámetros claros y realistas entre el Modelo de Seguridad y la Ley de Family First, incluyendo las tareas de los trabajadores sociales adscritos a la Unidad de Investigación Especializada y los trabajadores sociales de las Locales
-Promover que se establezca de manera compulsoria una pension alimentaria provisional a ambos padres al momento de verse los casos de maltrato donde el Departamento asuma custodia de menores al igual que en los casos de órdenes de protección en que estén involucrados menores.
-Hacer un estudio comparativo de Salarios de Estados Unidos para proveer salarios competitivos e incentivos que eviten el éxodo de trabajadores sociales
-Lograr que los trabajadores sociales de los tribunales adscritos a las salas de Familia puedan colaborar en los procesos de casos de órdenes de protección.
“El estado ha permitido se incremente la violencia, la desintegración de la familia y sociedad que vivimos en la actualidad. A pesar de ello, y de que han sido duramente golpeados por los pasados años, el personal del Departamento de la Familia se levanta día a día, con un alto sentido de compromiso y acción en la identificación e intervención de los problemas sociales que afectan a nuestra Isla, porque son profesionales de vocación. Me honra poder reconocer que la ventaja competitiva que tiene aún el Departamento para lograr el éxitoy proveer servicios de avanzada es su recurso humano.” Finalizó.